Amplían el rango para obligar a las comunidades de vecinos a hacer obras de accesibilidad.
Las comunidades de vecinos están obligadas a realizar obras de accesibilidad a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad. Hasta ahora, la comunidad debía hacer la obra si su importe no suponía más de tres meses de los gastos comunes. Con la reforma deberán hacerlas si no suponen más de doce meses de los gastos comunes, lo que en la práctica supondrá más obras.
En concreto, la Comisión de Sanidad y Política Social del Senado ha aprobado por unanimidad el dictamen al proyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así se incorpora la modificación a la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos realicen las obras de accesibilidad hasta un límite cuyo importe no exceda las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
También se establece que las comunidades de vecinos, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad, estarán obligadas a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad en las zonas comunes que sean necesarias, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la comunicación de estas personas con el exterior.
Excepciones según los ingresos
Esta obligación no se aplicará cuando la unidad familiar a la que pertenece alguno de los propietarios tenga ingresos anuales inferiores a 2,5 veces al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Esta norma tiene una excepción: en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas, a las que esa unidad familiar pueda tener acceso, impidan que el coste anual de las obras supere el 33% de sus ingresos anuales.
El proyecto normativo introduce cambios en otras diez normas, como la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades.
Durante el debate, todos los grupos han agradecido las aportaciones que han realizado las organizaciones del sector de la discapacidad, concretamente el Comité de Representantes de las personas con Discapacidad (Cermi), y han celebrado que las modificaciones normativas cumplan con la Convención Internacional de la ONU, ratificada por España en 2008
Las comunidades de vecinos están obligadas a realizar obras de accesibilidad a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad. Hasta ahora, la comunidad debía hacer la obra si su importe no suponía más de tres meses de los gastos comunes. Con la reforma deberán hacerlas si no suponen más de doce meses de los gastos comunes, lo que en la práctica supondrá más obras.
En concreto, la Comisión de Sanidad y Política Social del Senado ha aprobado por unanimidad el dictamen al proyecto de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así se incorpora la modificación a la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos realicen las obras de accesibilidad hasta un límite cuyo importe no exceda las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
También se establece que las comunidades de vecinos, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad, estarán obligadas a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad en las zonas comunes que sean necesarias, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la comunicación de estas personas con el exterior.
Excepciones según los ingresos
Esta obligación no se aplicará cuando la unidad familiar a la que pertenece alguno de los propietarios tenga ingresos anuales inferiores a 2,5 veces al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Esta norma tiene una excepción: en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas, a las que esa unidad familiar pueda tener acceso, impidan que el coste anual de las obras supere el 33% de sus ingresos anuales.
El proyecto normativo introduce cambios en otras diez normas, como la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades.
Durante el debate, todos los grupos han agradecido las aportaciones que han realizado las organizaciones del sector de la discapacidad, concretamente el Comité de Representantes de las personas con Discapacidad (Cermi), y han celebrado que las modificaciones normativas cumplan con la Convención Internacional de la ONU, ratificada por España en 2008
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